Un Aula Abierta para hablar de la Debida Diligencia en la toma de decisiones de inversión y en la transición justa

• El espacio de diálogo organizado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra - AECID puso en debate el papel de empresas, estados, pueblos indígenas, sociedad civil y academia en la prevención de impactos sobre los derechos humanos y el territorio.

La debida diligencia en derechos humanos no puede limitarse a identificar riesgos o elaborar informes: debe ser capaz de transformar las decisiones empresariales y públicas antes de que se produzcan impactos. Esa fue una de las principales conclusiones del Aula Abierta, “Debida Diligencia para una transición justa” organizado por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra – AECID.

El pasado 9 de septiembre, este Centro de Formación reunió a 110 participantes presenciales y a 642 visitantes virtuales de las transmisiones en directo a través de Facebook y Youtube aglutinando miradas empresariales, institucionales, de la sociedad civil y de los pueblos indígenas. El espacio permitió un intercambio que evidenció que el respeto de los derechos humanos debe integrarse al núcleo de las decisiones de inversión y ser considerado en aspectos como el diseño, el ritmo, la localización, las relaciones con los distintos actores y, cuando corresponda, la propia viabilidad de un proyecto.

“La cuestión no es elegir entre desarrollo y derechos humanos, sino conseguir que el desarrollo incorpore los derechos humanos desde el principio”, dijo Jesús Molina, director del Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia – AECID cuando arrancaba la velada que se extendió por casi dos horas.

Como panelistas de la actividad estuvieron las bolivianas Katerina Poppe, de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) y Chiaki Kinjo, de la Fundación Avina; de España Marisol Cortés, del PNUD, y Mikel Berraondo, consultor internacional, que fungió como moderador. Además, se tuvieron intervenciones del chileno Venancio Conupan, también de la Fundación Avina, quien, desde su experiencia mapuche, defendió la participación de los pueblos indígenas como titulares de derechos y actores capaces de negociar impactos, beneficios y modelos de desarrollo.

En la conversación se evidenció que cuando se habla de Debida Diligencia se refiere a un proceso continuo mediante el cual una empresa identifica cómo sus actividades y relaciones comerciales pueden afectar a las personas, las comunidades y el medioambiente; escucha a quienes podrían resultar afectados; previene y mitiga impactos; verifica si sus medidas funcionan; y responde cuando se produce un daño.

Al respecto Poppe advirtió que “Las poblaciones no deben quedar reducidas a un concepto abstracto. Son personas que viven en territorios y comunidades, cuyas realidades necesitamos ver y conocer”.



Tres tensiones que salieron a la luz

El diálogo identificó tres tensiones centrales en la Debida Diligencia que requieren respuestas estructurales. La primera se relaciona con la necesidad de equilibrar las iniciativas voluntarias de las empresas con obligaciones comunes que permitan establecer condiciones de competencia y evitar la competencia desleal.

La segunda tiene que ver con la diferencia entre una participación formal y una participación con capacidad real de influir en las decisiones. Mientras que la tercera tensión surge entre los indicadores institucionales y la evidencia que proviene de trabajadores, comunidades y territorios. Sin embargo, estas tensiones no invalidan la debida diligencia; definen las condiciones que necesita para ser efectiva.


Lo que el diálogo dejó

En las casi dos horas de diálogo se concluyó que la debida diligencia debe cambiar decisiones y prevenir impactos, no limitarse a documentar riesgos o responder cuando el conflicto ya ocurrió. Además, se debe reconocer que el desarrollo no es neutral. Una inversión puede ser rentable y, al mismo tiempo, vulnerar derechos, degradar territorios o distribuir de forma injusta sus costos y beneficios.

Las normas comunes necesitan instituciones preparadas, continuidad entre gobiernos y empresas públicas que prediquen con el ejemplo. “Cuando entra la debida diligencia, la gestión empresarial deja de ser un documento y se convierte en una herramienta para tomar decisiones”, remarcó Cortés.

La transición justa debe observar quién decide, quién asume los costos, cómo cambian las vidas de las mujeres y qué límites imponen los ecosistemas.